3 claves para entender qué cambia con la polémica reforma judicial impulsada por AMLO al final de su mandato en México
Quienes se oponen a la enmienda sostienen que la elección de jueces por voto directo en las urnas “politizará” la justicia.
Es decir, que en vez de aumentar la independencia y transparencia de los jueces, la reforma favorecerá una selección política de los candidatos, dejando de lado las habilidades profesionales y los ascensos por mérito.
Una de las críticas que más se repite es que la nominación de los candidatos favorecerá a quienes tienen una red de contactos, cuentan con financiamiento o son políticamente afines al oficialismo.
También hay temor de que la reforma abra la puerta a que el crimen organizado financie candidaturas o saque ventaja de los jueces con menos experiencia (aunque eso, de muchas maneras, ya ocurre).
En una carta enviada al Congreso, jueces y magistrados advirtieron que la reforma judicial no se apega a las normas del tratado comercial entre México, EEUU y Canadá (T-MEC) en aspectos como el compromiso de establecer y mantener “tribunales independientes para la resolución de controversias laborales”.
A la polémica interna se sumó la advertencia de la embajada de Estados Unidos en México, que calificó la propuesta como un “riesgo mayor” para la democracia, agregando que podría amenazar el acuerdo comercial entre los tres países, el cual debe ser revisado en 2026.
Entre otras reacciones adversas, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados pidió que se reconsidere el proyecto para salvaguardar la “independencia judicial”.
Un argumento similar expresó la organización de derechos humanos Human Rights Watch: la propuesta, dicen, socava “la independencia judicial, la privacidad y la rendición de cuentas”.
Inversores también han expresado su inquietud ante la reforma, diciendo que les preocupa que el próximo gobierno cuente con todas las herramientas para sacar adelante leyes que pueden perjudicar al sector empresarial, restarle seguridad jurídica a las inversiones de largo plazo o aumentar la percepción de riesgo.
Los partidarios, en cambio, aseguran que la transformación del Poder Judicial es una manera de garantizar que Sheinbaum gobierne sin los obstáculos jurídicos que enfrentó AMLO para sacar adelante su agenda “humanista”.
El mandatario ha insistido en varias ocasiones que los tribunales se transformaron en una trinchera de la oposición al servicio de los más poderosos.
3. Por qué AMLO la considera importante para su legado
Durante su mandato, AMLO ha promovido un ambicioso proyecto de izquierda bautizado la 4T, la “Cuarta Transformación”, que -como la Independencia, la Reforma y la Revolución de 1910- busca cambiar “los cimientos de la sociedad mexicana”, según ha planteado el oficialismo.
En ese contexto, la reforma judicial aparece como un movimiento esencial dentro de su agenda reformista, la cual Claudia Sheinbaum busca continuar.
Para darle impulso a la Cuarta Transformación, AMLO ha sostenido que se debe acabar con las estructuras de poder “corruptas” que han dominado por décadas el rumbo del país, entre ellas, el Poder Judicial.
Su objetivo, dice, es establecer un verdadero estado de derecho y que los jueces “no estén al servicio de una minoría”.
El mandatario ha tenido duros enfrentamientos con la Suprema Corte, luego que ésta le bloqueara reformas en el pasado, como por ejemplo, la que ampliaba la participación estatal en el sector energético.
El oficialismo ve la reforma judicial como la piedra angular que sentará las bases para implementar otros cambios en el país y por eso la considera uno de los pilares fundamentales de su 4T.
Antes de dejar el cargo, el presidente tiene menos de un mes para aprovechar la mayoría que consiguió en la nueva legislatura y así aprobar los últimos proyectos que le permitirán apuntalar su legado antes de que comience el nuevo sexenio.
De inspiración política
Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en México
Lo que para unos es democratización de la justicia, para otros es cooptación política de la justicia.
Pero más allá de cuál sea el resultado, está claro que la inspiración de la reforma es política. Porque, en la práctica, apunta a reducir el poder de la Corte Suprema y su capacidad de obstaculizar al Ejecutivo, que durante todo el sexenio de AMLO vio varias de sus reformas truncadas con argumentos judiciales.
Aunque la reforma, en principio, puede parecer una forma de aprovechar la popularidad de Morena para ganar poder, en el mediano plazo, si baja su favorabilidad, les puede jugar en contra.
En dos países del hemisferio hay elección de jueces por voto popular: Estados Unidos, donde es solo a nivel local, y Bolivia, donde la abstención y el boicot de la oposición han impedido una verdadera democratización del sistema judicial.
Nadie niega que la justicia mexicana debe ser reformada: lleva años sin cambios, tiene una de las tasas más altas de impunidad, heredó vicios del sistema de partido único y la gente no la entiende ni conoce.
La elección de jueces, además, solo contempla las postulaciones hechas por el Ejecutivo. Es decir, de alguna manera, hoy está politizada por definición.
Y en todo caso, los expertos coinciden en que la mayor parte de los problemas judiciales están donde no se está reformando nada: en las fiscalías y sistema locales.
Que ahora la estén aprobando sin contratiempos, pero con protestas puntuales, evidencia la ruptura que hay entre el sistema tradicional, el judicial y político, y las nuevas mayorías mexicanas de la 4T.
También parece claro que la oposición salió de las elecciones de junio demasiado fragmentada y carente de narrativa como para hacerle contrapeso a un movimiento tan popular como Morena.
AMLO gobernará hasta el último día como lo hizo desde el primero: sin dejar a nadie indiferente. La pregunta es cómo esto puede afectar a su sucesora.