Cientos de miles de hijos de jornaleros sin escuela
Por Omar Garfias
@Omargarfias
Son datos del propio gobierno federal. De la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Lo reporta el periódico La Jornada, siempre alabado por el presidente y dirigido por su comadre Carmen Lira. Nada cercano a ser un medio opositor.
“La Secretaría de Educación Pública (SEP) estima que en México hay entre 279 mil y 326 mil niñas, niños y adolescentes de familias jornaleras agrícolas migrantes en edad de cursar su educación básica, pero debido a múltiples barreras tanto económicas como del propio sistema educativo, entre 50 y 80 por ciento no asiste a la escuela”.
No hay población más vulnerable.
Son niños y adolescentes.
Son indígenas.
Son de las comunidades y estados más pobres del país.
Son entre 140 mil y 260 mil sin acceso a educación.
No hay quien sea más “pueblo pobre y excluido” que ellos.
El estudio “Atención educativa a niñas, niños y adolescentes de familias jornaleras agrícolas migrantes. Situación actual y perspectivas a partir de las acciones de las autoridades educativas” estima que, a escala nacional, se atiende a menos de la mitad de los niños jornaleros agrícolas.
En seis años, el responsable de la educación pública de México no les cumplió. No transformó su exclusión ni les dio prioridad.
“Uno de los problemas centrales, señala el informe, es la ausencia de mecanismos para dar seguimiento a las trayectorias escolares, las características sociodemográficas y académicas de estos menores que, por sus condiciones de constante movilidad, no pueden permanecer un ciclo escolar completo en una misma escuela, por lo que subsiste una gran dificultad para su permanencia y tránsito por los distintos niveles escolares”.
Los gobiernos —el federal y los estatales— no invirtieron en dotar a todos estos niños de sus documentos de identidad, acta de nacimiento y CURP; un sistema informático de seguimiento y un equipo de campo de acompañamiento familiar para asegurar que asistan y aprendan. Nada imposible de hacer. Hay centenas de experiencias exitosas de ello en todo el mundo.
“Además, señala Mejoredu, no se cuenta con una oferta educativa específica y focalizada que atienda las necesidades de esta población, particularmente las asociadas con el idioma, la cultura y el contexto en que viven”.
Los gobiernos no invirtieron en educación pertinente para estos niños y adolescentes indígenas pobres. Tampoco es imposible hacerlo.
“El embarazo adolescente es otro desafío. Autoridades federales y de los cuatro principales estados receptores de migrantes (Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora), revelan que las niñas interrumpen su educación para asumir deberes en el hogar o para enfrentar embarazos a temprana edad”.
Los gobiernos no invirtieron en campañas de prevención específicas para este sector, de modo que no fuera el abuso sexual o la falta de información y de acceso a los métodos anticonceptivos lo que provocara la maternidad temprana, ni en un sistema de cuidados para que no sean las hermanas mayores las que atiendan a los menores.
El gobierno federal contó con los recursos económicos para haber resuelto este gravísimo problema.
La inversión por alumno en el presupuesto educativo es de 28 mil pesos. Para atender a 326 mil hijos de jornaleros requería 9 mil 100 millones de pesos. Ese conjunto de docentes, administrativos y recursos materiales podrían resolver los puntos anteriores, pero supongamos dificultades extras, por lo que añadamos, hipotéticamente, un 10 por ciento más y redondeemos la cifra en 10 mil millones de pesos.
Consideremos también una beca especial que ataque la carencia económica y la reticencia de los padres. Una beca mayor a la que entrega el gobierno federal a algunos alumnos de escuelas primarias. Del doble. Para ello requeriría 3 mil 600 millones.
Sumemos mil millones de pesos para infraestructura.
Un total de, redondeando hacia arriba para que holgadamente se superen dificultades no contempladas, de 15 mil millones de pesos.
El gobierno federal contó con ese dinero, pero tuvo otras prioridades.
La Secretaría de Hacienda lo informó la semana pasada, al publicar el estudio “Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles de hogares y personas. Resultados para el año 2022”.
En ese año, el gobierno federal entregó 19 mil millones a los adultos mayores de los hogares más ricos.
Otorgó a quienes no necesitan apoyo gubernamental más de la cantidad que necesitaban los niños más pobres del país para tener educación.
Hacienda da cuenta que el programa para adultos mayores tuvo un presupuesto total de 238 mil millones. Para explicar el destino del gasto, divide a los hogares en 10 partes iguales y a cada una le llama decil. Al decil de los hogares con mayores ingresos les entregó el 8.3 por ciento del presupuesto.
“Primero los pobres” significa que, una vez que los más necesitados cubran sus necesidades básicas, se extiende progresivamente el apoyo de los recursos gubernamentales.
Eso no sucede. Antes que la educación de los niños más pobres del país está la entrega a adultos mayores de los hogares más ricos, entre cuyos beneficiarios comprobados hay hasta gobernadores.
No dejó de atender niños pobres por falta de recursos, sino porque tuvo otras prioridades.
Lamentablemente estos niños no son los únicos fuera de la escuela. La tasa de escolaridad nacional en educación básica bajó de 94 por ciento en 2018 a 90 por ciento en 2023.
Su futuro será de adultos analfabetos, sin educación básica.
El gobierno no invirtió en ellos.