CIUDAD DE MÉXICO.– Al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le queda menos de un mes en el cargo –que transferirá el 1 de octubre a su sucesora y ahijada política, Claudia Sheinbaum–, pero está decidido a implementar como sello de su mandato una polémica reforma judicial para que los jueces sean elegidos por el voto popular. Este viernes advirtió a la Corte Suprema que cometería una “aberración” si intenta bloquear esos cambios que, según reconoció, apuntan directamente contra “las empresas extranjeras que vienen a saquear, a robar, y a afectar la economía de los mexicanos”.

A todo esto, Sheinbaum, llevaba varias semanas tratando de calmar el temor de los empresarios extranjeros que advierten que la reforma afectará la inversión en el país. La presidenta electa la define en cambio como una medida a favor de la democracia.

Pero este viernes López Obrador confirmó la presunción de los inversores.

“Los jueces corruptos, magistrados, ministros, no es posible que defiendan eso. ¿Van a seguir defendiendo a las empresas extranjeras que vienen a saquear, a robar, a afectar la economía de los mexicanos?”, dijo López Obrador. “¿Van a seguir representando a estas empresas?”

Los críticos afirman que los cambios constitucionales para reemplazar a 7000 jueces de todo el país serán un duro golpe a la independencia del Poder Judicial al volverlos más leales a sus electores o al partido gobernante que a la ley. También cuestionan cómo se llevarán a cabo unas elecciones tan grandes sin que los carteles de la droga y grupos del crimen organizado presenten a sus propios candidatos.

Este fue otro balde de agua fría para Sheinbaum, que durante toda su carrera política ha sido una protegida de López Obrador y prometió continuar con todas las políticas del actual gobierno. Desde que el peso se devaluó tras su victoria en las elecciones del 2 de junio, ella ha caminado por la cuerda floja.

Sheinbaum defendió los cambios, pero también hizo campaña para tranquilizar a los inversionistas extranjeros, reuniéndose con organizaciones crediticias internacionales, líderes de negocios y directores de importantes corporaciones.

A principios de esta semana, Sheinbaum dijo que la reforma al sistema judicial “no afecta ni nuestras relaciones comerciales, ni las inversiones privadas nacionales, ni extranjeras. Por el contrario, habrá más y mejor Estado de derecho”, aseguró en sus redes sociales.

“Nuestro interés no es más que un México más democrático y más justo”, agregó. “Ese fue el mandato popular”.

Enfrentamiento

Las cámaras de comercio estadounidenses, el embajador de Estados Unidos en México, bancos y analistas financieros advirtieron que la reforma presenta riesgos, principalmente, debido a que los jueces electos podrían sentir una mayor lealtad hacia sus electores –o a Morena, el partido gobernante de López Obrador– que hacia la ley.

Por ejemplo, López Obrador ha atacado continuamente y de manera pública a las empresas extranjeras de generación de energía que construyeron en México centrales eléctricas más limpias, debido a que su presencia debilitó el control de la empresa estatal de electricidad a la que defendió. El mandatario acusa a las empresas extranjeras de cobrar demasiado por la electricidad.

También trató de hacer que se aprobara una ley que garantice a la empresa eléctrica estatal una participación mayoritaria en el mercado y que las plantas construidas por empresas extranjeras fueran las últimas de la fila en la generación de electricidad, pero los tribunales la bloquearon, no porque estén a favor de las empresas extranjeras, sino porque la Constitución mexicana prohíbe crear monopolios.

El presidente saliente convirtió el tema en una cuestión de nacionalismo, afirmando que las empresas extranjeras –muchas de ellas españolas– mostraron “la actitud de los conquistadores” que subyugaron y saquearon a México en el siglo XVI. Pero de hecho, las plantas construidas por empresas extranjeras fueron autorizadas porque son menos contaminantes que las instalaciones que son propiedad del Estado mexicano.

En sus declaraciones de este viernes, López Obrador confirmó que la nueva reforma judicial –que ya fue aprobada por el Congreso esta semana– estaba dirigida directamente a casos como el de las empresas generadoras de energía, y afirmó que los opositores a los cambios, incluidos los jueces actuales, deseaban proteger a esas empresas.

“Porque quieren seguir garantizando a como dé lugar que sigan las empresas extranjeras dominando”, aseveró López Obrador.

La inversión extranjera, principalmente de Estados Unidos, es vital para la economía mexicana.

El sistema judicial

En el sistema judicial actual, los jueces y los secretarios de la Corte, que actúan como auxiliares de los ministros, califican poco a poco para puestos más altos con base en sus antecedentes. Sin embargo, según los cambios propuestos, prácticamente cualquier persona con una licenciatura y unos cuantos años de experiencia “en áreas judiciales” podría convertirse en juez mediante el voto popular.

Si se postulan demasiados candidatos, los contendientes finales serán elegidos, esencialmente, sacando sus nombres de un sombrero.

Al partido Morena de López Obrador le falta un escaño para obtener la mayoría de dos tercios que necesita en el Senado para aprobar la propuesta, pero podría reclutar a algún senador de la oposición. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro instó al Senado a eliminar la medida diciendo que “afecta la vida democrática, pone en riesgo los derechos humanos e incumple obligaciones internacionales de México”.